Conmoción en el taekwondo español. La magistrada Ana Avendaño Muñoz del Juzgado de Instrucción número 7 de Alicante ha dictado este 16 de enero un auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE en el que reitera que el presidente y otros cuatro altos dirigentes de la Real Federación Español de Taekwondo habrían «actuado de común acuerdo con el fin de obtener dinero público del Consejo Superior de Deportes (CSD)».
En el auto. la jueza deniega la solicitud del imputado expresidente de la Federación Valenciana de Taekwondo, Victoriano Pizarro Barceló, de separar el enjuiciamiento de su causa al considerar que «las conductas se llevan a cabo por este grupo de personas que actuaban de común acuerdo con el fin de obtener dinero público de CSD durante muchos años». En este sentido, el tribunal apunta «a distintas prácticas que conllevaba la alteración y manipulación de documentos, facturas, elaboración de documentación alterando actuaciones, datos con el fin de obtener dinero de la CSD, alterando además la contabilidad».
También apunta la magistrada que «el Ministerio Fiscal igualmente destaca la conexión de los delitos, relacionados entre sí y participando de una misma prueba, siendo preciso no separar el enjuiciamiento de la causa».
En el procedimiento enmarcado en la operación, denominada Manopla, el Ministerio Fiscal y la acusación solicitan las penas de 10 años y seis meses a Jesús Castellanos Pueblas, presidente de la Federación Española de Taekwondo (RFET), Miguel Pérez Otín, tesorero, y José María Pujadas, secretario general. Además, piden cuatro años de prisión a Alicia Sancho Carbonell, gerente desde 2015, y un año y nueve meses de prisión a Victorino Pizarro Barceló, presidente de la Federación Valenciana de Taekwondo entre 2010 y 2018 y miembro de la Junta directiva de la RFET
Por otro lado, la Fiscalía pide condenar a Jesús Castellanos, Miguel Pérez Otín y José María Pujadas a indemnizar de forma conjunta y solidaria al Consejo Superior de Deportes en la cantidad de 664.727 euros y a la RFET a la cantidad de 387.817 euros,. Sin embargo, como la Federación todavía está dirigida por los acusados, estos han renunciado a esta indemnización, es decir, que los que tienen que pagar renuncian en nombre de la afectada, que es la propia federación.
También pide la acusación que la gerente Alicia Sancho indemnice a la RFET con la cantidad de 75.081 euros y que Victorino Pizarro haga lo propio con la cantidad de 9.015 euros a la Federación Valenciana. Además, la acusación ha interpuesto otra querella en la que solicita a Pizarro una indemnización de 70.000 euros por apropiación indebida entre los años 2013 y 2018 en la citada federación territorial.
El papel del CSD en el taekwondo
Desde que en diciembre de 2015 el técnico federado Eugenio Granjo interpusiera la denuncia ante la UDEF que dio con la detención inicial y posterior puesta en libertad del presidente de la RFET Jesús Castellanos seis meses después, el papel del Consejo Superior de Deportes ha sido sorprendentemente pasivo, a pesar de haberse visto obligados a personarse en la causa a través de la abogacía del estado el pasado 27 de abril de 2023.
De hecho, a la espera de que la jueza de traslado de la instrucción a la Audiencia Provincial para que se fije fecha para el juicio oral en una de las cuatro salas de lo penal de Alicante, se podría dar el caso de que los actuales dirigentes del taekwondo español vuelvan a presentarse a la reelección de la RFET, a pesar de todos los informes que ilustran sus prácticas durante su mandato.
Solo una nueva orden ministerial podría abrir un camino diferente, aunque todo apunta a que no lo hará.