El pasado 3 de noviembre, como ya contamos semanas atrás, concluyó el plazo para presentar alegaciones a la futura ley electoral que regirá los procesos electorales en las federaciones deportivas. En THE OBJECTIVE hemos tenido acceso al documento de alegaciones presentado por la RFEF. Son cinco páginas donde la reclamación más importante radica en los presidentes territoriales y donde el estamento federativo llega a considerar como «ilegal» la propuesta de ley electoral presentada y elaborada desde el Consejo Superior de Deportes (CSD).
El futuro artículo 8 de la ley electoral deportiva, relativo a la composición de la Asamblea, elimina en su apartado 2 como miembros natos a los presidentes de las Federaciones territoriales, que hasta ahora eran miembros intocables en la actual Asamblea compuesta por 140 miembros.
Según argumenta la Real Federación Española de Fútbol, esta propuesta vulnera la ley porque así lo establece «una norma de rango superior como es el Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre de 1991, sobre Federaciones deportivas españolas». Además, señalan que el documento «podría invadir competencias autonómicas».
El estamento federativo recuerda que conforme a este mismo Real Decreto de Federaciones Deportivas «los presidentes de las Federaciones de ámbito autonómico forman parte de la Asamblea General de la Federación Deportiva Española correspondiente, lo que es incompatible con la modificación propuesta».
Por eso el estamento federativo que actualmente preside Pedro Rocha, líder de la Comisión Gestora y de la territorial extremeña, propone que se «mantenga que todos los presidentes de Federaciones Autonómicas integradas en la Federación Deportiva Española y, en su caso, los presidentes de Comisiones Gestoras, así como todos los delegados de la Federación Española, en aquellas comunidades autónomas en las que no exista Federación de ámbito autonómico, sean miembros natos de la Asamblea General de la Federación Deportiva Española correspondiente».
Líneas después vuelven a reiterar este argumento, siempre de conformidad con esta norma de rango superior como es el Real Decreto de Federaciones Deportivas, indicando que «sigan siendo los Presidentes quienes formen parte de la Asamblea General de la Federación Deportiva Española correspondiente como miembros natos, ostentando así la representación de las Federaciones de ámbito autonómico; o bien la persona designada por éste de acuerdo con su propia normativa. También se propone que no se prohíba la sustitución del representante de la Federación de ámbito autonómico, y que por lo tanto sea posible de conformidad con su propia normativa».
Miembros de la Comisión Delegada
La RFEF también considera que la futura elección de los 15 miembros de la Comisión Delegada vulnera también el mismo Real Decreto. Recurre también a que, como establece esta futura ley, la composición de la Asamblea deba ser aprobada por el CSD y además su reglamento electoral por la Comisión Directiva del propio CSD. Consideran que «nos encontramos con una doble aprobación del número de representantes por especialidades por parte del Consejo Superior de Deportes, lo que dilata el procedimiento e implica un injustificado exceso en la intervención del Consejo», y en consecuencia instan a suprimir el trámite de aprobación por parte del Consejo Superior de Deportes previsto en el artículo 10.1 del borrador.
La última alegación radica en el artículo 10 del futuro proyecto respecto a la forma de votar de los representantes del fútbol profesional masculino y femenino que habrá en la futura ley. Según el proyecto se trata de 18 clubes deportivos , ocho técnicos y cuatro árbitros. La mitad del masculino y la mitad del femenino.
Las ligas denuncian una pérdida de representatividad
Pero no son los únicos dentro del mundo del fútbol que han presentado sus pertinentes alegaciones a esta futura ley electoral que el Gobierno quiere que esté vigente a finales de año para que entre en vigor a principios del 2024.
También las dos ligas profesionales, masculina y femenina, lo han hecho. Ambas coinciden en sus argumentos. Las dos se amparan en el futuro artículo 10 que establece que «Cuando exista más de una competición profesional, se atribuye la mitad de dichos representantes en cada estamento a cada una de ellas». Esto supone que de estos 18 futuros clubes profesionales, nueve serán de la competición masculina. Por un lado, supone que la liga masculina pierde 12 de los 20 miembros que tenía hasta ahora en la Asamblea del fútbol.
En el caso de la femenina, no llegan a explicarse cómo las dos competiciones profesionales de nuestro país, que reúnen a 58 clubes, sólo van a estar representados por 18 en el fútbol federativo.
AFE cree que la norma atenta contra la propia Ley del Deporte
Finalmente, están los sindicatos, que también han remitido sus alegaciones. Por un lado, el sindicato AFE, que considera ilegal la obligatoriedad de que tengan derecho a voto asegurado los futbolistas internacionales. La redacción futura dice que «10 de ellos deberán ser deportistas que hayan competido en la temporada de la convocatoria o en la temporada anterior con cualquiera de las selecciones nacionales absolutas de la modalidad deportiva. Y de éstos, en caso de que exista en la correspondiente Federación Deportiva Española liga profesional femenina, cinco serán mujeres». Consideran que esta consideración atenta contra la Ley del Deporte, que habla de sufragio libre e igualitario.
Y, por otro lado, está el sindicato femenino Futpro que solicita que todos los clubes independientes de la Liga F estén presentes entre los nueve clubes profesionales que van a tener representación en la futura ley, tal y como recoge el artículo ya mencionado anteriormente. Futpro reclama que entre los nueve femeninos, estén estos cuatro que son actualmente el Costa Adeje Tenerife, Levante Las Palmas, Madrid Club de Fútbol y el Sporting Club de Huelva. Entienden que al ser la mayoría de clubes de la Liga F con secciones masculinas, no van a representar de la misma manera los intereses del femenino que un club que es totalmente femenino. Consideran, además, que este cambio respeta la igualdad de oportunidades para todos.
